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Construyendo estrategias y acciones frente al feminicidio y la violencia de género contra las mujeres en Centro América.
La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), de El Salvador; Sector de Mujeres, de Guatemala; Centro de Derechos de Mujeres (CDM), de Honduras; y Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra (MEC), de Nicaragua; con el apoyo de la Iniciativa Cristiana Romero y la Unión Europea, desarrollan el proyecto Construyendo estrategias y acciones frente al feminicidio y la violencia de género contra las mujeres en Centro América.
Mediante el proyecto se busca contribuir a mejorar la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres en el marco de las estrategias de reducción de la pobreza, potenciando el compromiso de actores públicos y transformando el imaginario personal y colectivo respecto a los derechos de las mujeres, el fortalecimiento del Estado de Derecho, especialmente el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.
El proyecto comprende acciones en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.
Algunos resultados esperados son:
Organización y capacitación de organizaciones de mujeres locales, incluyendo el sostenimiento de grupos de autoayuda integrados por mujeres sobrevivientes de violencia.
Construcción de alianzas con la participación de gobiernos locales, instancias públicas y privadas, acompañado por jornadas de capacitación.
Formulación e implementación participativa de diagnósticos y Planes de prevención y Atención de la Violencia de género en dos municipios de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.
Brindar servicios amigables de atención legal y emocional a mujeres víctimas de violencia.
Realizar una campaña mediática regional contra la misoginia e investigaciones sobre actitudes y prácticas misóginas en los respectivos países.
Organizar foros y ferias locales contra la violencia desde los enfoques de salud, seguridad ciudadana y derechos humanos.
Promover un intercambio con parlamentarias y representantes de organizaciones de la sociedad civil, así como una conferencia sobre los avances y limitaciones de la aplicación de los compromisos internacionales en relación con la atenciañon y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Aprobación de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres
La aprobación de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres,es un gran paso en la construcción de una sociedad más justa para las mujeres, afirma Directora Ejecutiva de ORMUSA, Licda. Jeannette Urquilla.
La Ley fue aprobada el 25 de noviembre de 2010, con el apoyo de 75 legisladores y legisladoras, después de ser discutida por año y medio en la Comisión de la Familia, la Mujer y la Niñez de la Asamblea Legislativa.
Según Jeannette Urquilla, la aprobación de la ley es un gran paso en los esfuerzos por abordar de manera integral la grave situación de violencia que afecta a las mujeres salvadoreñas y la defensa de sus derechos humanos. Sin embargo es sólo es el primer paso de una serie a seguir ya que el Estado, a través de los Organos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, debe concretizar una serie de acciones que permitan la aplicación de la ley a partir de enero de 2012. De manera que el año 2011 es una oportunidad para construir todo ese andamiaje necesario que garantice la aplicación efectiva de la ley y provea un beneficio real a las mujeres salvadoreñas.
Deseamos ser optimistas y pensar que así como el Presidente de la República, Mauricio Funes firmó rápidamente la ley tal cual fue aprobada por la Asamblea Legislativa, encomiende a su gabinete de gobierno la elaboración de las partidas presupuestarias y asignación de todos los recursos necesarios para su entrada en vigencia en la fecha establecida por la Asamblea Legislativa, afirmó la Directora de ORMUSA. El reto es enorme, es urgente la difusión de la ley, la capacitación del funcionariado y servidores públicos, la creación de instancias y todos los mecanismos que manda la ley, agregó.
El objetivo de esta legislación recién aprobada es establecer, reconocer y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, por medio de Políticas Públicas orientadas a la detección, prevención, atención, protección, reparación y sanción de la violencia contra las mujeres; a fin de proteger su derecho a la vida, la integridad física y moral, la libertad, la no discriminación, la dignidad, la tutela efectiva, la seguridad personal, la igualdad real y la equidad.
Entre sus aspectos más destacables define que el Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia comprende ser libres de toda forma de discriminación, ser valoradas y educadas libres de patrones estereotipados de comportamiento, prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.
También incluye el delito de feminicidio como "quien le causare la muerte a una mujer mediando motivos de odio o menosprecio por su condición de mujer". Establece penas de prisión de 20 hasta 50 años por este delito.
