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Mayo/Junio 2017

  • Todo tipo de violencia contra las mujeres es delito

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ORMUSA presenta campaña informativa contra violencia institucional

Este 14 de diciembre, ORMUSA presentó la campaña informativa “Por un país libre de violencia institucional contra las mujeres, no al sexismo y misoginia en las instituciones del Estado”. La campaña se realiza mediante vallas de buses, cuadernos informativos, promocionales impresos, cuñas radiales y la serie educativa Construyendo un mundo libre de violencia para las mujeres. Este día, también se entregó placa de reconocimiento a las radios que transmitirán el audio libro que consta de 24 capítulos, con una duración de 13 minutos cada uno, además de una guía de facilitación para uso didáctico y facilitar la compresión del contenido.







La campaña es resultado de estudios e investigaciones sobre el tema, como la presentada el pasado 28 de noviembre sobre la violencia institucional en tres dimensiones de la vida de las mujeres: autonomía política, económica y del cuerpo, con el objetivo de evidenciar las prácticas visibles y sutiles de los agentes del Estado que constituyen violencia institucional en el periodo 2012-2016.








La Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), define la violencia institucional como toda acción u omisión abusiva de cualquier servidor público que discrimine o tenga como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y disfrute de los derechos y libertades fundamentales de las mujeres, así como la que pretenda obstaculizar u obstaculice el acceso de las mujeres al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar o erradicar las manifestaciones, tipos y modalidades de violencia conceptualizadas en la LEIV.







ORMUSA DESARROLLA CAMPAÑA SOBRE VIOLENCIA INSTITUCIONAL

En el marco del Día Nacional e internacional de la No Violencia contra las Mujeres, la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) presentó este viernes 27 de noviembre, la campaña informativa “No aplicar justicia para las mujeres víctimas de violencia es violencia institucional”.

La campaña se desarrolla mediante medios de comunicación y promocionales; además se realizó un foro público con representantes gubernamentales y de organizaciones sociales.

La violencia institucional es descrita en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, como toda acción u omisión abusiva de cualquier servidor público, que discrimine o tenga como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y disfrute de los derechos y libertades fundamentales de las mujeres; así como la que pretenda obstaculizar u obstaculice el acceso de las mujeres al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar las manifestaciones, tipos y modalidades de violencia conceptualizadas en esta ley.

Este tipo de violencia afecta la atención que reciben las mujeres víctimas de violencia y la respuesta del Estado para reconocerlas como ciudadanas, lo cual es un paso esencial para construir una sociedad más justa y democrática.

Pese a los avances legales, es común encontrar servidores públicos que de manera directa o indirecta impiden a las mujeres gozar de sus derechos humanos, en el sentido que sus actuaciones o falta de ellas provocan obstáculos o dificultades a las mujeres para que accedan a los servicios de salud, policiales o de cualquier otro tipo, incluyendo el acceso a la justicia.

En el país, el reconocimiento del derecho a una vida libre de violencia para las mujeres y de la problemática de la violencia contra las mujeres como una violación a los derechos humanos, la creación de unidades y áreas especializadas y personal capacitado es parte de la nueva realidad que el país está construyendo, lo cual es importante pero no suficiente, ya que además se deben modificar las estructuras estatales que por muchos años toleraron la violencia, bajo la condicionante cultural de la discriminación y más bien mostraban una actitud permisiva o pasiva ante los malos tratos y trámites burocráticos en muchas instituciones del Estado.

Muchas mujeres víctima de violencia al presentar una denuncia o solicitar un servicio aún se enfrentan a carencias de personal sensible y cualificado técnicamente para un abordaje basado en derechos, limitantes de infraestructura, equipos y presupuestos para brindar servicios de atención, investigación y persecución del delito.

Pese al riesgo de las víctimas en las comunidades, colonias o en sus propias casas, por hoy gran parte de la investigación y los procesos judiciales o policiales dependen de los testimonios de víctimas y testigos, ya que una debilidad del sistema nacional es precisamente la presentación de pruebas físicas o científicas para complementen la prueba testimonial. Esto se suma además a los prejuicios que aún persisten entre personas vinculadas a los procesos judiciales, especialmente aplicadoras de la ley y operadoras de justicia.

Lo anterior pueden llevar a la revictimizacion de quienes denuncian hechos de violencia, cuando se enfrentan a situaciones como que el personal quien toma la declaración hace preguntas que sugieren que es responsable de la violencia sufrida, pone en duda la veracidad de su denuncia cuando su responsabilidad es únicamente recoger su testimonio de manera profesional o porque el personal no cumple los protocolos institucionales en caso de violencia contra las mujeres.

También constituye violencia institucional cuando una mujer no recibe las medidas de protección y las garantías judiciales para proteger su dignidad, seguridad y privacidad antes, durante o después del proceso judicial, ya sea que haya participado como víctima o testigo.

Cuando tiene que realizar una serie de trámites burocráticos y confusos que incrementa el costo económico de las mujeres al realizar cualquier actividad relacionada con su denuncia o durante el proceso judicial o solicitud del servicio; ya que esto puede complicar a la persona usuaria, especialmente si reside lejos de las oficinas, juzgados, delegaciones receptoras de denuncias.

El principal garante de los derechos de las mujeres es el Estado y por tanto está obligado a disponer de los recursos financieros para cumplir esta labor con el más alto nivel de calidad posible, esto incluye el derecho de las personas a acceder a los servicios en condiciones adecuadas y atendido por personal capacitado y respetuoso de la dignidad de las mujeres usuarias.



ORMUSA presenta campaña informativa "La violencia machista y misógina mata"

ORMUSA presentó este viernes 28 de noviembre, la campaña informativa y de concientización la “Violencia machista y misógina mata”, que cuenta con el apoyo de ONUMUJERES, Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, Christian Aid, Horizontes de Amistad y Agencia Canadiense de Cooperación al Desarrollo.

Esta es una campaña anual que se realiza a través de medios de comunicación y promocionales, con los objetivos de concientizar acerca de la misoginia como principal causa de feminicidios y otros hechos de violencia contra las mujeres. .

Está dirigida a funcionariado y ciudadanía en general, pero especialmente a mujeres jóvenes, ya que este grupo de edad comprende las víctimas más frecuentes de delitos como violencia sexual, feminicidios, violencia intrafamiliar y desapariciones. .

El mensaje principal de la campaña busca crear conciencia que la violencia contra las mujeres tiene causas culturales derivadas del sistema patriarcal que se sustenta en misoginia y promueve el sexismo en detrimento de las mujeres y el machismo. .

Que la población reflexione que la violencia contra las mujeres es creciente y puede terminar en feminicidio. .

La campaña también demanda la aplicación de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres (LEIV), vigente desde enero de 2012. Asimismo, busca mejorar entre la ciudadanía el conocimiento de las instituciones responsables de la aplicación de la LEIV. Entre éstas cabe mencionar a las Alcaldías Municipales, ya que por mandado legal deben elaborar planes municipales de prevención de la violencia contra las mujeres; el Ministerio de Educación debe revisar los contenidos sexistas y mejorar la formación docente para educar en las aulas bajo el principio de igualdad de género, entre otras instituciones con responsabilidades en el marco de la LEIV. .

ORMUSA presenta campaña contra la violencia hacia las mujeres

"Celos y control no es Amor: Es violencia, es misoginia", es la campaña presentada por ORMUSA, con el objetivo de difundir información que contribuya a que las mujeres reconozcan las señales de violencia, y reflexionen sobre posibles alternativas para salir de ese espiral de violencia con familiares, amistades u organizaciones, a fin de que denuncien de manera oportuna ante las autoridades.

La campaña se centra principalmente en la misoginia y la violencia de pareja y en el noviazgo, ya que muchos de estos hechos acaban en feminicidio íntimo.

Los mensajes se difunden a través de medios de comunicación mediante cuñas radiales, cintillos en prensa escrita y vallas de buses; así como promocionales informativos que se distribuyen de manera personal, como cuadernos, calendarios, camisetas y bolsos.

Si bien en 2012 y 2013, los feminicidios han mostrado una tendencia a la baja, a la fecha en el país se registran a diario crímenes contra las mujeres por razones de género, es decir por su condición de subordinación y relaciones desiguales de poder en la sociedad. Anualmente, son miles las mujeres que denuncian violencia intrafamiliar, de pareja, sexual, desapariciones y privaciones de libertad. Pero poco se habla de otros contextos como la violencia laboral, económica y simbólica, que afecta a gran parte de las mujeres en diferentes ámbitos.

Además, la campaña muestra la urgente necesidad de dar cumplimiento a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, vigente desde enero de 2012, que obliga a diferentes ministerios e instancias del Estado a emprender acciones concretas para disminuir la tolerancia a la violencia contra las mujeres, mediante campañas informativas y rechazo a las diversas manifestaciones de violencia que reconoce la LEIV: Física, psicológica/emocional, sexual, patrimonial, económica, feminicida y simbólica en tres ámbitos: comunitario, educativo y laboral.

 

 



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