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Violencia Económica

Cárcel para padres que incumplen cuota alimenticia

El Art. 253 del Código de Familia manifiesta la obligatoriedad que tienen las personas a dar alimentos, es decir se hace exigible, incluso desde que la mujer sale embarazada, cuando los padres o madres ya no pueden trabajar o cuando un tribunal lo considere conveniente. La pensión alimenticia se establece de acuerdo a la capacidad económica del obligado y al estado de necesidad de quien la recibe. El Art. 254 señala que los alimentos se fijarán por cada hijo o hija, en proporción a la capacidad económica de quien esté obligado a darlos y a la necesidad de quien los pide. Se tendrá en cuenta la condición personal de ambos y las obligaciones familiares del alimentante.




Lógicamente, las mujeres son quienes demandan más este servicio en la Procuraduría General de la República, por su rol de cuidadoras socialmente asignado; en especial cuando los hombres se niegan a cumplir sus responsabilidades afectivas y económicas hacia sus hijos. En 2016, la PGR recibió 10,888 solicitudes de cuota alimentaria, de las cuales 9,669 son de mujeres y 1,219 de hombres. El 83.38% de demandas lo realizaron mujeres jóvenes de 18 a 29 y de 30 a 39 años. Por municipio, la mayor cantidad de solicitudes provienen de San Salvador, Soyapango y La Libertad.

La pensión alimenticia es preferencial

El Art. 264, del Código de Familia, establece la responsabilidad solidaria del empleador o quien paga a la persona demanda para descontar o retener el valor de la cuota alimenticia; en caso de desobediencia o incumplimiento, la empresa puede ser sancionada por no realizar el descuento; además, la pensión alimenticia es preferencial en la lista de descuentos de planilla de la persona demandada o con obligación de otorgarla.

De igual forma el incumplimiento de la cuota por parte de la persona obligada a darla, se castiga con cárcel. En diciembre de 2015, la Asamblea Legislativa aprobó algunas reformas para castiga con cárcel de uno a tres años el incumplimiento de este deber de los padres; a recibir una pena equivalente en trabajo de utilidad pública. Sin embargo, la acción penal solo puede ser ejercida cuando se agotan todos los mecanismos administrativos en materia de Derecho de Familia.

La reforma establece que una persona será sancionada con prisión de dos a cuatro años, e inhabilitación para el ejercicio de la autoridad parental por el mismo período, “si para eludir el cumplimiento de la obligación alimenticia mediante ardid o cualquier otro medio de engañar o sorprender la buena fe, oculta sus bienes, los enajenare, adquiriera créditos o se traslada al interior de la República o al extranjero, sin dejar representante legal o bienes en cantidades suficientes para responder al pago de la obligación alimenticia o realizara cualquier otro acto en perjuicio de quienes reciben este derecho.

Mi niña recibe una cuota de $1.33 diarios para alimentos

“Yo recibo poco de cuota alimentaria para la niña: 40 dólares al mes, que equivale a $1.33 diarios; aunque la niña está pequeña es difícil darle tres tiempos de comida con ese dinero; sin embargo, me ayuda un poquito para comprarle la leche y el cereal. Las medicinas, si se enferma, la ropa y otras cosas me toca ponerlos a mí, expresa Yesenia Olivares.

Yesenia es madre de una niña de tres años. Se separó del padre de su hija cuando ella tenía un año. Al principio, el papá de la niña le daba una cantidad de dinero cada mes, pero después dejó de dárselo. Yesenia decidió poner la demanda en la Procuraduría General de la Familia. “Fui a la Procuraduría a poner la demanda, llevé toda la información que me pedían y en diez días ya le habían enviado el citatorio a él, en 15 días ya nos habían citado a los dos y se le estableció la cuota. Ese mismo mes abrí una cuenta bancaria para que me depositara el dinero y a partir del segundo mes empecé a recibir la cuota, no es mucho, pero en algo sirve”.

Olivares expresa que antes había recibido asesoría jurídica en las oficinas de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), para reunir la documentación que debía llevar, saber el domicilio de su expareja y la dirección del trabajo agilizó el trámite.

Esta joven madre señala que tiene tres años de recibir la cuota para alimentos de la niña, y anima a otras mujeres a hacer uso de este derecho.

Violencia económica y paternidad irresponsable



Los análisis de la violencia que ocurre a la niñez, especialmente la denominación de “maltrato” y la evidencia de quienes la perpetran no debe estar descontextualizada de todo el misticismo que acompaña a la maternidad; se debe comprender que la protección y cuido de la niñez, es responsabilidad de ambos progenitores. Sin embargo, cabe la pregunta ¿Por qué los hombres no encabezan la lista de maltratadores aun cuando menosprecian la vida al negarse a reconocer, cuidar y sostener la vida de sus hijos o hijas?

Basta revisar los datos de demandas de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República, para darse cuenta de los niveles de paternidad irresponsable existentes, evidenciado por la negativa de asumir de manera voluntaria las responsabilidades económicas y afectivas de sus hijos e hijas. La Procuraduría General de la República (PGR) recibió en el periodo junio 2015-mayo 2016, 12,725 solicitudes de alimentos. Cabe destacar que 85% de las solicitudes es a iniciativa de mujeres que demandan a los padres de sus hijos” . Se suman el negar la paternidad es decir el reconocimiento de la obligación de cuidado y protección de esas vidas, sin embargo, dejar a un niño o a una niña por años sin cuidado, alimentos, educación, salud, recreación y protección, no hace suponer que estos demandados “maltratan a la niñez”.

Si seguimos analizando, las mujeres asumen la maternidad aparentemente por goce lo que en realidad es muchas veces por obligación o imposición social, se suma a esto, las condiciones particulares en las que muchas se convierten en madres, siendo niñas o adolescentes producto de violencia sexual, empobrecidas, sin políticas o carentes de infraestructura del cuidado desde el Estado y en muchos casos, bajo crudas historias de violencia de todo tipo, viéndose determinadas a un “rol de género” como cuidadoras de manera casi absoluta. A este punto debe quedar claro que, bajo ningún punto de vista, se debe tolerar la violencia contra nadie, y menos contra la niñez por ser un grupo de especial protección, pero ante ello debemos ajustar quienes son los responsables de protección y cuidado, y que medidas más allá de perseguir impecablemente a las mujeres maltratadoras, deben acompañarse.

El estado es el primer responsable de la vida y de su protección- no solo las mujeres, - por tanto, las políticas del cuidado, que desarrollen la corresponsabilidad del estado y de los hombres es indispensable; ello atraviesa trasformaciones culturales sobre la masculinidad hegemónica y violenta, la maternidad impuesta y el derecho a ser un hijo o hija deseada.

Violencia institucional contra autonomía del cuerpo de las mujeres

Violencia Patrimonial y violencia económica

La Ley Especial Integral para una vida libre de violencia contra las mujeres, LEIV, define la violencia contra las mujeres como cualquier acción basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como privado. Entre los siete tipos de violencia que contempla la LEIV, incluye la económica y la patrimonial.



La violencia económica y la violencia patrimonial, muchas veces están relacionadas en el ámbito de la familia. Por ejemplo, la violencia económica de parte de la pareja, puede ocurrir cuando el hombre limita, controla o impide el ingreso de dinero a la mujer. En muchas ocasiones, de manera violenta o sutil mediante chantaje psicológico, el hombre no deja que la mujer trabaje fuera de la casa o que obtenga sus propios ingresos, ya que es un mecanismo de mayor control sobre ella y de limitar su autonomía, su acceso a los bienes y agravar su condición de subordinación o sumisión. De esta forma, la mujer depende del dinero que su pareja le proporcione para realizar cualquier compra o acción, y luego le prohíbe el uso de bienes familiares, argumentando que él los compró con su dinero, ya que “ella no trabaja” y por tanto no tiene derechos en la casa, los muebles, etc. Esto también puede ser violencia patrimonial.

Otra forma de violencia, es cuando la mujer tiene un empleo remunerado, pero el hombre administra el dinero que ella gana, limitándole sus gastos. Cuando el hombre es el proveedor de la casa y utiliza esta condición como un arma de manipulación y control sobre ella y su grupo familiar (especialmente hijos e hijas). "La cultura patriarcal supone que el hombre debe ser el que se ocupe de sostener a la mujer y los hijos y, aunque no sea 'el proveedor', igual debe administrar el dinero y controlar cuánto da a la mujer" .

Especialmente en el ámbito de la familia y las iglesias, se ha enseñado a las mujeres que el hombre es el proveedor de la casa y por tanto, se le debe respeto y obediencia, lo que les da derecho a hacer y decidir lo que ellos quieren; por el contrario, la mujer debe estar agradecida porque el hombre le provee alimentación y de una casa para vivir ella y sus hijas. Estos abusos tan comunes no siempre son reconocidos por algunas mujeres en situación de violencia intrafamiliar o de pareja, tampoco las acciones controladoras por parte del hombre, sino hasta que trasciende a violencia física y la pérdida total de los bienes. Tampoco puede participar en las decisiones económicas del hogar, la pareja le limita el acceso al dinero propio (o ingresos familiares) para que satisfaga sus necesidades personales o elementales (comer, vestirse, actividades de recreación, vivienda digna, entre otras).

Estudios indican que la violencia económica es una de las más usadas por los hombres para manipular e intentar retener a sus parejas, cuando ellas no tienen ingresos. En algunos casos, las mujeres que quieren separarse de sus parejas expresan que no pueden hacerlo por temor y porque no tienen ingresos económicos para su sostenibilidad y la de sus hijos e hijas, continuando en ciclos de violencia y acentuando la pobreza.

Mujer y pobreza

Según datos de la EHPM 2013, de las 2,187,775 personas que viven en condición de pobreza, el 52.6% son mujeres, estas son 1,150,059 mujeres, de estas el 25.91% viven en condición de pobreza extrema (297,966 mujeres), lo que significa que no pueden cubrir sus necesidades mínimas y que viven con menos de 1.25 dólar al día. El restante 74.1% (852,093 mujeres), se encuentran en la condición de pobreza relativa, esto es con más de $1.25 pero con menos de $2.00 diarios.

La condición de pobreza para las mujeres es significativamente mayor en el área urbana que en el área rural, con una brecha de 5.1% en lo referente a la extrema pobreza y con una brecha del 3.1% en la pobreza relativa.

Jefaturas de hogar

Según la EHPM 2013, a nivel nacional el 35.6% de hogares tienen al frente a una mujer, cifra que representan 591,735 hogares, este es un indicador que ha ido en crecimiento, pese a que muchas veces el criterio de medición es designar a la mujer como jefa de hogar en ausencia del hombre, debido a cuestiones culturales misóginas que ubican a las mujeres en posición de subordinación con respecto a los hombres. En el área urbana, la jefatura femenina es del 37.7% equivalente a 409,072 hogares. En el área rural, 182,663 hogares tienen al frente a una mujer (el 31.3%).

Entre las valoraciones de este documento, se señala que para avanzar en el desarrollo humano, es necesario priorizar reducir significativamente los niveles de pobreza que aún persisten en El Salvador y más aún, en lo referido a las mujeres que por años han sido relegadas casi de exclusividad al trabajo del hogar y de los cuidados no remunerado o bien, mal remunerado, lo que no les permite trabajar por su autonomía económica que les posibilite superar su condición de pobreza.

Demandas de cuotas alimenticias en Procuraduría General de la República

Otra evidencia de violencia económica, es cuando las mujeres se ven forzadas a entablar una demanda por cuota alimenticia porque los hombres se niegan a cumplir sus responsabilidades hacia sus hijos e hijas. En El Salvador, la Procuraduría General de la República (PGR), establece una cuota por alimentos de acuerdo a los ingresos de los padres, que generalmente, es descontada de planilla cuando el hombre es asalariado o posee un empleo estable en el sector privado o público.

Según registro de la PGR, en el año 2015 hubo 11,728 demandas por cuota alimenticia, de estas 10,443 (el 89% fueron presentadas por mujeres. De enero a septiembre de 2016, esa institución registró 6,224 demandas, de las cuales 5,478 fueron presentadas por mujeres y por hombres. Sin embargo y pese a las cuotas establecidas, en muchas ocasiones los hombres demandados no pagan las cuotas o se atrasan en el pago, lo que perjudica el desarrollo y bienestar de la niñez y adolescencia.



Violencia Patrimonial

Como se dijo antes, son todas las acciones u omisiones que ocasionan daños o menoscabo en los bienes muebles o inmuebles de las mujeres y de su patrimonio. Consiste en la sustracción, destrucción, desaparición, ocultamiento o retención de objetos, documentos personales, bienes, valores o recursos económicos. Por ejemplo, puede ocurrir por medio del robo, del fraude y por la destrucción de objetos familiares o personales de las mujeres. Quitarle la herencia recibida o su salario, vender sus objetos o bienes sin su consentimiento, esconderle o destruir su correspondencia, poner los bienes a nombre de terceros, etc.



En lo referente a la tenencia de la tierra de productores y productoras agropecuarios/as, según la EHPM evidenciaba que en el año 2007, un 13% del total de personas propietarias de tierra para actividades agropecuarias eran mujeres, pero al año 2013, esta relación porcentual disminuyó y las mujeres propietarias de la tierra pasaron a representar únicamente un 12.6% (12,136 mujeres) del total de personas propietarias. Que a la vez representan el 23.5% del total de las mujeres que trabajan la tierra, el 74.5% restante hacen uso de otras modalidades para acceder al recurso tierra: arrendamiento, cooperativas, aparceras, ocupantes gratuitos, etc.

Sobre la legalización de tierras el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) tiene en sus registros que durante el periodo comprendido desde junio de 2009 hasta diciembre de 2013, se realizaron 43,200 escrituraciones de las cuales 16,068 favorecieron a mujeres (37.2%).

Fuentes -
  • Informe de Cumplimiento de los Compromisos del Estado Salvadoreño en el avance de los derechos de las mujeres, elaborado por la Concertación Feminista Prudencia Ayala (CFPA), -
  • Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV). -
  • Estadísticas de demandantes de cuota alimenticia: Oficina de Información y Respuesta de la PGR.
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